El fraude laboral en la Ciudad de Buenos Aires lleva a la tragedia

A raíz del lamentable suceso ocurrido la madrugada del domingo a un agente de tránsito, quedó al descubierto que no tienen una relación de dependencia con la Ciudad de Buenos Aires, todo lo contrario, laboran en situación de precariedad laboral.

Por Juan Pablo Chiesa

El empleo en negro es uno de los mayores desafíos que sufre nuestro país. Más de cuatro millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, ART, ni obra social. La paradoja es que es el propio Estado no cumple con las leyes laborales.

Hace unas horas, agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, alzan la voz en el Obelisco porteño gritando justicia por Cynthia y Santiago, agentes de tránsito atropellados el pasado domingo; el costo: el deceso de Cynthia. La evidencia: trabajar en condiciones precarias bajo la responsabilidad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Los cientos de agentes que reclaman justicia por sus compañeros se manifestaron en contra de las políticas del jefe de gobierno porteño en virtud de que, no cuentan con ART ni seguro de calle; son monotributistas y quieren estar en blanco.

El marco laboral de los trabajadores de vialidad está bajo la figura del monotributo sin ART ni seguro de vida, cobrando $25.000, fuera de toda regulación convencional.

Los dos mil 600 agentes de tránsito que trabajan en CABA, carecen de los derechos elementales para un trabajo en donde exponen su vida y su salud todos los días, por la sencilla razón de realizarlo en la calle y a la intemperie.

La situación de clandestinidad laboral se configura cuando el trabajador no se encuentra debidamente registrado. Esto trae como consecuencia, el encubrimiento o el disfraz fraudulento de la relación laboral. Por lo tanto, el dependiente, estará desprovisto del servicio de salud, de aportes jubilatorios y de accidentes laborales. Por otro lado, el empleador que incurre en estas prácticas desleales y fraudulentas, NO efectúa los aportes y las contribuciones destinadas a la seguridad social.

Es habitual en el Estado Nacional y del gobierno local la práctica de los llamados “contratados”. Trabajadores que se desempeñan en puestos de carácter permanente, que no tienen un contrato de trabajo, pero si están bajo la relación de dependencia laboral bajo la figura precaria del “Monotributo”.

Obviamente en estos casos, donde el Estado por su propio capricho ha decidido en forma fraudulenta no incorporarlos a su planta, ya sea permanente o transitoria, y mucho menos, darles siquiera el estatus de “trabajadores dependientes”, utilizando, perversamente, una figura tributaria sin protección laboral.

En dichos sectores la jurisprudencia laboral no fue ajena en alinear el encubrimiento de una relación de dependencia, a la luz del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, con la figura del Monotributo. Al Respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala V) considero en los autos CADELAGO VICTOR LEANDRO C/ EXPRESO TROLE S.R.L. S/ DESPIDO (01/2018) que existió una relación laboral de dependencia entre la empresa demandada y el trabajador que se desempeñaba como fletero y lo inscribieron como monotributista.

Tengamos en cuenta que, para evitar el fraude laboral y combatir el trabajo en negro, es indispensable de quien contrata personal para su órbita laboral tenga en cuenta las siguientes obligaciones legales:

– Cumplir con las disposiciones legales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, ley de empleo y ley antievasión. (Leyes 20.744, 25.323 y 24.013). – Realizar los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de Seguridad Social mediante el Sistema Único de la Seguridad Social. – Cumplir la registración de los trabajadores en los libros especiales que ordena el artículo 52 de la Ley 20.744 y, respetar el principio de buena fe previsto en el art.63 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El trabajo “en negro” y los ropajes encubridores de la relación de dependencia laboral a la luz de la LCT, provocan un agujero profundo en el empleo genuino y una pérdida del calado circular del sistema previsional argentino y no solo perjudica a más de cuatro millones de trabajadores en actividad, máxime, deteriora a más de 6.6 millones de beneficiarios de la seguridad social.

Ahora bien, el verdadero camino para combatir el empleo en negro sin alterar el espíritu “protector” de la Ley de Contrato de Trabajo, es que el propio Estado sea ejemplo de lo correcto y no de estas prácticas de precarización.

No olvidemos que el trabajo “en negro” es un flagelo de nuestra sociedad, lamentablemente lo ocurrido con Cynthia y su compañero nos dan la razón.

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