UBER es legal o no es legal: La dualidad de la justicia porteña por la carencia legislativa

La uberización de las relaciones laborales se expandió de una manera difícil de sostener. Entre Fallos y apelaciones, se discute la legalidad y la regularización de una aplicación que divide aguas.

Por Juan Pablo Chiesa

El pasado 27/06/2019, La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, integrada por Elizabeth Marum, Marcelo Vázquez y José Sáez Capel, confirmó una sentencia de grado que condenó a un chofer de la aplicación Uber, en las actuaciones 5152-3-2019, al pago de una multa de 42.980 pesos por no poseer habilitación para el transporte de pasajeros.

A la conductora se le atribuyó la conducta consistente en no poseer habilitación para transportar pasajeros, según lo normado en el artículo 6.1.49 de la ley 451, en las inmediaciones del Aeroparque Metropolitano en diciembre de 2017.

La disposición legal establece una sanción para “el/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de carga y/o de pasajeros, que no posea habilitación para prestar el servicio (…)”.

El caso llegó al Tribunal de Alzada por el recurso de apelación interpuesto por el chofer contra la decisión de la titular del Juzgado N° 22 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Gabriela Zangaro, quien condenó al conductor a la pena de multa de dos mil unidades fijas, equivalentes a $42.980.-

La conductora en su descargo alegó que la actividad llevada a cabo por su parte no requiere habilitación alguna, pues no se trata de un servicio de taxi o remis, sino de un contrato civil de transporte regulado por las disposiciones establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Los jueces concluyeron que “las únicas posibles formas de transporte de pasajeros en vehículos, habilitadas dentro de la CABA, son las mencionadas en el Código de Habilitaciones y el Código de Transporte y Tránsito de CABA 2148: Remis, taxi o transporte escolar”, y que “su actividad de transporte de pasajeros en vehículos solo podría llevarse a cabo de manera legalmente habilitada si esta se adecua a alguna de las habilitaciones mencionadas, existentes en la normativa local de CABA actual”.

Por unanimidad, el Tribunal sostuvo que el artículo 6.1.49 de la normativa “no distingue si para cometer la falta es preciso que exista (o no) la posibilidad de obtener la habilitación para el transporte de pasajeros sino que, contrariamente a ello, solo prevé una prohibición general y expresa para el transporte de pasajeros, o de carga, sin habilitación, y ello es así aun cuando aquella autorización se conceda en los supuestos taxativamente previstos en la normativa local como ocurre en el caso de los taxis y remises”.

Esta nueva decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, se contrapone contra el decisorio de La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (Dres. Vacante, Franza y Delgado) que resolvieron que la actividad de la empresa Uber en dicho territorio no constituye ninguna contravención, en la causa por “uso indebido del espacio público con fines lucrativos”.

Desde mi análisis, tengamos en cuenta que las aplicaciones digitales son el principal medio para la contratación de servicios, parece adecuada la postura de la provincia de Mendoza, la cual reglamentó dicha situación, otorgándole legalidad a un tema controvertido y cuestionado desde muchos ámbitos para evitar este tipo de contradicciones jurisdiccionales.

No razonemos los decisorios judiciales cuando la situación en análisis va más allá de la interpretación de los Camaristas cuando, precisamente carecen de interpretación legislativa y de un vacío legal en el ámbito de la CABA. Asimismo, la ausencia de legislación y la dualidad de interpretaciones judiciales, por medio de dicho accionar, evitarían situaciones de violencia social, las cuales se ocasionan, atento a mi entender, ante la laguna jurídica existente en la materia, incertidumbre y puja de derechos.

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