Caso Rodríguez Lastra: juez de familia ordenó a las partes no hablar del menor

La fiscalía solicitó un bozal legal  para el ginecólogo cipoleño que obstruyó la interrupción legal de un embarazo.

Es la segunda resolución judicial en menos de 24 horas sobre el mismo reclamo.

El reclamado bozal legal para el médico Leandro Rodríguez Lastra finalmente consiguió tener la firma de un juez de familia. La medida cautelar alcanzó a todas las partes y a los que no son parte en el proceso penal pero están involucradas en el debate.

Jorge Benatti, del fuero de Familia de Cipolletti, prohibió difundir y publicar imágenes y datos del menor que fue dado en adopción, luego de que el ginecólogo obstruyera un aborto legal.

En un primer momento la fiscalía le pidió al juez del juicio penal, Álvaro Meynet, que autorizara un bozal legal para el médico puesto que, siempre según la parte acusadora, había ventilado datos sensibles respecto del niño en una radio católica. También alegaron que dejarán de referirse a la víctima.

La medida consiste en una prohibición de efectuar referencias al niño, publicar su nombre, domicilio, datos personales, fotografías de él y de su grupo familiar en los medios de comunicación y en las redes sociales.

A casi dos semanas del pedido del Ministerio Público Fiscal, Meynet emitió hoy una resolución en la que solo se limitó a recordar la normativa vigente, aunque se evidenció algo molesto por la “escueta” intervención de la defensora de menores del fuero penal y por eso le copió las actuaciones al defensor general.

Meynet, que halló penalmente responsable a Rodríguez Lastra del delito de incumplimiento de los deberes como funcionario público, resolvió parcialmente el pedido y derivó a familia la situación del menor que no es parte de este proceso. En julio será el juicio de cesura donde se definirá la pena contra el médico.

En esa resolución, envió el pedido al fuero de familia y allí la otra defensora cargó las tintas contra las partes, los abogados, los peritos y hasta los encargados de la comunicación del Poder Judicial. Pidió una medida cautelar para prohibir la difusión de datos del niño en adopción.

El juez Benatti resolvió en ese mismo sentido y, llamativamente, al único que se refiere por su apellido es al licenciado Marín, psicólogo de la víctima.

Al resto los menciona por sus cargos o los organismos que representan: letrados, ministerio público, oficina judicial, peritos.

Es que Benatti ya ha aplicado los denominados bozales legales contra el propio Marín por una nota televisiva en la que apareció el psicólogo junto a la madre de una menor que tiene un conflicto familiar.

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