Laura Du Plessis impulsa la creación del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género

El proyecto se encuentra aún en tratamiento dentro de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura.

Desde un primer momento hubo voces en disidencia, legisladores que no quisieron acompañar la medida y que la criticaron por ser persecutoria y estigmatizadora. Incluso jueces, quienes se pronunciaron en rebeldía ante la ampliación de lo que compete a la prisión preventiva.

En esta ocasión, en AngenciaNqn dialogamos con la diputada María Laura Du Plessis, del MPN, autora del proyecto que busca brindar una herramienta más para que la justicia trabaje en torno a una problemática que azota a las mujeres de la provincia. 

El objetivo es la creación del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género (RUPCDVG) en el ámbito de la provincia del Neuquén.

La diputada María Laura du Plessis señaló que “este registro sería una herramienta de gran ayuda para los jueces” y se encuentra relacionado con la recientemente sancionada “Ley Micaela”.

La legisladora también destacó que hay otros proyectos relacionados que podrían trabajarse en forma conjunta en la siguiente reunión de comisión, para lograr el mayor consenso posible.

¿Qué objetivo persigue la creación del registro?

“Como legisladores, buscamos generar una herramienta más para los jueces y para la sociedad para mitigar la violencia de género y la violencia familiar. La provincia del Neuquén está a la vanguardia en lo que respecta a la creación y ejecución de normativas que apuntan a la protección de los niños, niñas y mujeres.

Sin embargo, a la hora de hacerlo efectivo, los jueces a veces carecen de herramientas y sus medidas son burladas, como la prohibición de acercamiento. Al suceder esto, los jueces de familia se quedan sin otra herramienta más para aplicar.

Haciendo un paralelismo con el Registro de Deudores alimentarios, buscamos que haya mayores restricciones para quienes no la cumplan. 

A este registro se ingresa solo por orden judicial y se sale, por la misma vía”.

¿Bajo qué concepción de violencia actúa este mecanismo?

“Hay muchas definiciones de violencia de género que ya están establecidas, por eso es muy importante el trabajo del Juez, que es quien tiene la vara para medir en qué casos es necesario incorporara a una persona a este registro.

La violencia se puede ejercer de muchas maneras y es por eso que el juez es quien debe definir cuando una persona tiene características violentas para ser incluido.

Nunca se puede hacer una enumeración taxativa porque siempre te van a quedar casos afuera, por eso se considera un concepto de violencia global.

Tanto las leyes º2626 y º2685, son leyes de violencia contra la mujer y la familia, en todos los sentidos”.

¿La denuncia para que la persona ingrese al registro la puede hacer cualquiera?

“La denuncia sí, porque el proceso de por medio va estar igual. Puede ser incluido por un hecho violento o por violar una medida ya aplicada, como la restrictiva, por ejemplo. Incluso puede ser que se origine de oficio. Pero sí o sí, va haber un proceso en donde la persona va asistir y ser asistida”.

¿Cuentan con algún tipo de registro actual, tanto ustedes como las asociaciones con las que trabaja la provincia?

“Tenemos estadísticas del Poder Judiciales respecto de lo que se trabaja en Familia. El 60% de las causas que ingresan son por denuncias de violencia. El porcentaje es muy alto y todas tienen variables distintas. Algunas terminan en denuncias penales, pero otras cesan con una medida de restricción que es cumplida. Pero el problema es cuando no se cumple.

Al incluir a la persona en este registro, se va a ver privado de un montón de derechos y accesos que lo pueden llevar a ser un tratamiento. Es importante destacar esto. El violento tiene una conducta antisocial, no es una enfermedad y por lo tanto se puede tratar. El ideal es que deje de ejercer esa violencia.

Nos han criticado la ley diciendo que hacemos una estigmatización del violento y la verdad es que ese sería un mal menor. Lo que se intenta con esto es que las víctimas dejen de sufrirla”.

¿Cómo se trabaja para asistir a las víctimas que están por fuera de ese 60%? Me refiero a las mujeres que no denuncian por miedo, o por no tener acceso a la justicia. Incluso a las que aun denunciando en reiteradas ocasiones, la justicia, la policía, no actúan y terminan sufriendo ataques prolongados en el tiempo y terminan, en muchos casos, siendo asesinadas.

“De una u otra forma el Estado debe tomar conocimiento para poder actuar. Por eso es que existen mecanismos de prevención y cuidado. El registro opera sobre los casos ya conocidos, pero para trabajar sobre el contexto previo, incluso antes de la denuncia, existen otros dispositivos que ya funcionan, como la Línea 148, que no es solo un lugar de denuncia.

Los hospitales, las comisarías deben cumplir también un rol importante.

La provincia cuenta con protocolos apuntados al trabajo sobre las situaciones previas a esto y que sortean muchas situaciones. Por eso recalco el hecho de que esto es una herramienta más, que no apunta a erradicar la violencia de género o familiar, solo con la aplicación de un registro, porque eso sería utópico.

Acá hay que trabajar de manera articulada y cada organismo debe cumplir con su rol en la cadena de prevención y tratamiento en cada caso.

En su momento, con la ampliación de la prisión preventiva para los casos en donde la víctima o su familia se encuentren en peligro, recibimos muchísimas críticas. Lo sancionamos en 2016 y nos acusaron de violar la presunción de inocencia y el debido proceso, sin embargo, nosotros dijimos que una persona que ataca a su pareja o su familia, necesita de una restricción acorde a las circunstancias.

Hubo jueces que dijeron que no lo iban a aplicar, aun cuando ampliamos los requisitos. Hasta ese momento solo se podía aplicar la preventiva a quienes pudieran entorpecer la investigación o tener peligro de fuga. Igualmente no lo querían aplicar. Finalmente destituimos a quienes se negaron a aplicar la ley, como por ejemplo un juez de cámara, quien se negó a aplicar una normativa que fue sancionada por la legislatura.

Frente una situación en donde nos encontramos con una mujer que se fue con sus hijos, llorando, a alojarse a un refugio o un hospital, porque el marido la golpea y te manifiesta que tiene miedo por ella y por sus hijos, porque no es la primera vez que lo hace, el Estado no puede no actuar”.

¿En qué consistiría ese tratamiento?

“Hay en vigencia en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, un dispositivo para atención de personas violentas. Es asistida y tratada en forma continua por un gabinete de profesionales hasta tanto se verifique que cesó su conducta violenta o las razones que lo motivaban a serlo. Hablamos de psicólogos, sociólogos, asistentes sociales que buscan determinar esas causas, porque no se trata solo de una cuestión económica ni de clase.

¿Qué pasa en caso de no cumplir con la asistencia al tratamiento?

“Hay que aclarar que esto no es condenatorio, porque no podríamos aplicar una pena más. Si vos cumplís el tratamiento, salís del registro. Esto no es castigo, es una herramienta para tratar a la persona violenta.

Un deudor alimentario, debe plata y hay que hacer que la pague. En este caso, la persona violenta necesitás que se trate. No tenés forma de obligarlo. No podes encerrarlo a la fuerza, por eso buscamos medidas disuasivas y persuasivas.

Nosotros necesitamos que cese la actitud violenta. Del mismo modo que al deudor alimentario se le impide salir del país, buscamos aplicar medidas que generen una reacción tendiente a superar esa problemática. En el caso del deudor, hay quienes han pagado, porque necesitaban salir del país, y en ese caso se alcanzó el fin buscado: que el niño o niña reciba el pago de la cuota.

En este caso, las medidas están apuntadas en igual sentido.”

¿Quedan antecedentes para las personas que estuvieron, pero salieron del registro?

“El registro lo va a llevar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, pero no se puede extender la permanencia para el resto de su vida.

Además de eso, en cuanto a la reincidencia, nosotros no podemos decir que si se entra más de una vez al registro es susceptible de tener penas mayores, porque este registro no aplica medidas punitivas.

En ese sentido, este registro no conlleva antecedentes penales. En todo caso, estar condenado por la justicia penal, sí, pero el registro, no.

¿Hubo discusiones a la hora de dirimir las sanciones que busca aplicar el registro?

“Se debatió en torno a si está bien o no, que se le prohíba renovar o sacar el registro del automotor. Nos plantearon que era excesiva esa medida, cuando a mí me parece que es una de las medidas más persuasivas que podemos aplicar. Tanto es así que nosotros vamos a insistir que se sancione con la prohibición.

La prohibición para acceder a un cargo público, hay mucha gente a la que no lo afecta, realmente. Sin embargo, el carnet de conductor, es un interés de la población en general. Ya sea para trabajar o para transitar libremente. Es la medida que abarca el espectro social más amplio dentro de las restricciones que planteamos en el registro”.

La discusión avanzará hoy en Comisión y esperan que sea aprobado.

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