Los negocios de IECSA con el Estado: una empresa que nunca dejó de ser de Macri

Tras la investigación que hizo El Destape, renovamos una nota que publicamos el pasado mes de febrero ¿Por que? porque se conocieron nuevos datos que complican más la situación del Presidente.

Sobre precios y adjudicaciones a los amigos: Los casos de Ensenada de Barragán y Brigadier López, licitación y denuncia.

Integración Energética Argentina S.A, más conocida como IEASA, una empresa del Grupo Macri, que supuestamente fue vendida por el presidente, protagonizó un negocio digno de una saga de Hollywood. Acá te contamos cómo se dio la Gran Estafa al Estado Argentino.

El sobre precio fue demostrado por la investigación del periodista Roberto Navarro, en donde se explicó que las empresas adjudicatarias obtuvieron sobreprecios en las obras, pero que en el caso de Calcaterra, el monto fue 120% superior.

En tanto, en el caso de las otras dos empresas, los valores, también elevados, llegaron a un sobreprecio del 30% de su valor.

Como recién te mencionamos, esta es la historia de una licitación que originalmente no se ejecutó, pero que resultó ser el negocio del Siglo ¿Cómo y por qué?

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Todo comenzó a conocerse tras la denuncia de diputados nacionales del Frente para la Victoria, con María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade a la cabeza. ¿Qué fue lo que se denunció?

La historia resumida es así: IECSA ganó una licitación para la construcción de una Central Termoeléctrica, pero la obra nunca se ejecutó. En base a esto, asistidos por la razón que la ley nacional les provee, IECSA junto a ISOLUX iniciaron un juicio millonario contra el Estado Nacional con el objetivo de ser indemnizados. El monto que embolsaron fue de $1.600 millones, el cual se efectuo durante la actual gestión de Mauricio Macri, primo del dueño de IECSA, Ángelo Calcaterra.

Hasta acá, el procedimiento es absolutamente legal, ya que la responsabilidad por el no inicio de la obra es pura y exclusivamente del Estado Nacional, el cual se comprometió con una obra que nunca ejecutó.

No obstante, en la actualidad, la intención del gobierno nacional es vender ambas centrales eléctricas por una cifra menor al costo de construcción, unos U$D 400 millones menos, siendo IECSA quien finalmente se la podría adjudicar.

El problema en cuestión es que dada la diferencia entre lo recibido por la indemnización y el bajo costo al que el Estado Nacional está rematando las centrales, dan como resultado una compra hecha por IECSA con recursos del Estado Nacional.

En caso de efectuarse la transacción, IECSA podría hacerse de las centrales que originalmente había ganado legalmente, mediante un proceso de licitación, pero sin poner un solo peso.

Estaría comprando las Centrales utilizando los fondos que recibió producto de la indemnización del Estado. Asimismo, como condimento especial, hay que tener en cuenta que todo esto sucedió en 2016, cuando el dólar cotizaba en torno a los $16, es decir, de los $1.600 millones que recibió, en aquel entonces representaban U$D 100 millones, mucho menos de que lo representan hoy.

Teniendo en cuenta que estas empresas, como todas las del sector, se manejan en dólares, las ganancias recibidas producto de las políticas devaluatorias implementadas por la actual gestión del Ejecutivo Nacional, dan como resultado una maximización de capitales inconmensurable.   

La historia desmenuzada es así

La ex ENARSA, que preside Mario Dell’Acqua (ex-Aerolíneas) realizó la apertura de los sobres con las ofertas económicas para la adquisición de las centrales termoeléctricas Central Térmica Brigadier López, ubicada en Santa Fe y Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, de la provincia de Buenos Aires.

Por Brigadier López se recibió una única oferta de Central Puerto (Guillermo Reca, Eduardo Escasany y Nicolás Caputo, amigo del alma del presidente) por un monto total de U$D 326.550.500 que, desagregado, se compone de U$D 165.432.500 más una deuda que el comprador debe asumir de U$D 161.118.000. Además, el comprador se obliga a completar el ciclo combinado por un valor aproximado de U$D 50 millones.

Por su parte la tremoeléctrica Barragán, recibió dos ofertas: la primera por parte de Central Puerto por un monto total de U$D 583.529.500, que se compone por U$D 279.529.500, más una deuda que el comprador deber asumir de U$D 304.000.000. La segunda oferta, fue realizada por YPF, que ofreció U$D 533.429.500 (U$D 229.429.500 más una deuda que el comprador deber asumir de U$D 304.000.000).

Además, el comprador se obliga a completar las obras de cierre del ciclo combinado por un valor aproximado de U$D 150 millones.

Denuncia

Por llevar adelante la licitación a los precios establecidos en los pliegos, Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, diputados del FpV decidieron radicar una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y todos los funcionarios involucrados en el proceso de venta. Según los denunciantes, la tasación realizada para la licitación, le ocasionaría al Estado una pérdida de US$ 400 millones. 

La denuncia recayó en el juzgado del juez Rafecas, que junto con el fiscal Pollicita, serán quienes investiguen el proceso de privatización de las centrales “a precio vil”, fundamento principal de la denuncia.  

Las imputaciones se enfilaron contra el presidente Mauricio Macri, los ex ministros Juan José Aranguren y Javier Iguacel, al presidente de IEASA, Mario Dell Aqua; al director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de IEASA, Alberto Raúl Brusco; al gerente de control de proyectos de IEASA, Adolfo Marcelo Piccinini; al ex presidente de ENARSA, Hugo Balboa; y al empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente y titular de IECSA, una histórica empresa del Grupo Macri.

Rafecas ya había rechazado una cautelar de los diputados denunciantes solicitando la suspensión de la licitación, motivo por el cual en el Gobierno piensan que la denuncia no tendrá andamiento.

La intención del gobierno nacional es vender ambas centrales eléctricas por una cifra menor al costo de construcción, unos US$ 400 millones menos. 

Precio Vil

La denuncia presentada por los diputados nacionales del FpV tiene como principal argumento los montos que se pretenden recaudar que son inferiores al costo real de las obras.

Ensenada de Barragán fue tasada por el Estado en U$D 305,9 millones y el monto mínimo de oferta en efectivo es de U$D 229 millones. La Brigadier López tiene una valuación oficial fue de U$D 207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de U$D 155 millones.

En el escrito de denuncia, los legisladores de la oposición se preguntan: “¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valían en 2012?” por lo que concluyen que se trata de un intento de “privatizar a precio vil” ambas centrales.

Más adelante, los denunciantes dicen que “Otro indicador de que el valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación se encuentra muy por debajo del precio real de las aludidas centrales, lo constituyen los propios resultados operativos financieros publicados por ENARSA relativos a las dos usinas: se muestra un resultado EBITDA de 121,4 millones de dólares para “Barragán” y 62 millones de dólares para “Brigadier López” en el ejercicio 2017.

En la denuncia se menciona también que IECSA junto a ISOLUX había ganado la licitación para la construcción de las centrales pero las obras quedaron inconclusas y fue indemnizada por $ 1.600 millones por parte del Estado Nacional, durante la actual gestión de Mauricio Macri, primo del dueño de IECSA Ángelo Calcaterra.

Dos de los empresarios que están siendo investigados, Brusco y Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y para el Grupo Macri. A fines de 2017 desembarcaron en ENARSA, de la mano de Aranguren y Balboa, lo que representa —a priori— una llamada de atención para Laura Alonso por haber participado en el proceso de determinación de precios para la indemnización de los $1600 millones a la empresa de Calcaterra.

Según los denunciantes, resulta evidente que “los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al presidente”.

La opinión de Lapeña

Consultado uno de los principales referentes en materia de energía de la UCR, Jorge Lapeña, dijo “Creo que la venta en sí de las centrales no es objetable ya que las mismas se encontraban paralizadas desde antes del inicio de Gobierno en octubre de 2015”.

“Toda central eléctrica debe ser construida en el tiempo programado, sobre todo si se tiene en cuenta que el Sistema Eléctrico Argentino estaba en emergencia declarada en ese momento (2016)”.

“Las dudas que eventualmente alguien pueda tener sobre la conveniencia de una venta de estas características deberían ser despejadas si se conoce la tasación oficial y cómo fue calculada esa tasación.” concluyó.

Proceso

El proceso de venta comenzó en noviembre de 2017 con la sanción del decreto 882/17, firmado por el presidente Macri, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren. En junio de 2018, en su última medida al frente del ministerio, Aranguren aprobó los pliegos para la licitación pública nacional e internacional de las dos centrales.

Lee la denuncia completa descargando este link:

2 comentarios en “Los negocios de IECSA con el Estado: una empresa que nunca dejó de ser de Macri

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